Actualidad Económica

DEUSTO BUSINESS SCHOOL | 15/07/2022

Guillermo Badía

Profesor de Finanzas en Deusto Business School
Investigador Principal del Grupo de Investigación en Finanzas

En los últimos años estamos asistiendo a un proceso de actividad regulatoria vinculada a aspectos sociales y medioambientales sin precedentes. Los mercados financieros y sus participantes se están teniendo que adaptar rápidamente a un nuevo contexto normativo, no solo complicado, sino también delicado, puesto que cuando hablamos de temas sociales y medioambientales, hablamos de temas sensibles y, en muchas ocasiones, difícilmente medibles.

En este sentido, cabría preguntarse por qué hemos llegado a esta situación. Los participantes en los mercados (inversores, empresas, organizaciones, etc.) vienen haciendo un trabajo importante en las últimas décadas en materia de sostenibilidad. Por ejemplo, desde la perspectiva de los inversores, la inversión socialmente responsable (ISR) ha venido creciendo de manera significativa ya desde principios de milenio, llegando a alcanzar, a comienzos de 2020, los 35 billones de euros en las cinco mayores áreas financieras (Australasia, Canadá, Europa, Estados Unidos y Japón), con un crecimiento total del 54% en el periodo 2016-2020 (GSIA, 2021). Esta expansión de la ISR refleja una creciente conciencia de las cuestiones ambiental, social y de gobernanza (ASG) entre los participantes en el mercado.

Sin embargo, incluso con el extraordinario crecimiento de las inversiones sostenibles y las iniciativas relacionadas con la sostenibilidad en los últimos años, la ciencia continúa revelando que la salud del medio ambiente sigue deteriorándose y las desigualdades sociales siguen aumentando (EUROSIF 2021). En este contexto se inicia un proceso de reflexión y debate sobre nuevas herramientas y mecanismos alternativos para avanzar hacia una economía efectivamente sostenible, tanto desde el punto de vista medioambiental como social.

Entre las diversas iniciativas en los últimos años, varios organismos nacionales y supranacionales han elaborado una serie de reglamentos y normas sobre sostenibilidad. Especialmente relevante es el papel de la Unión Europea.

Una vez que sabemos por qué hemos llegado a esta situación, cabe preguntarse, y ahora qué.

El periodo 2015-2018 se considera a menudo como un momento decisivo en términos de acción climática y de cambio hacia una economía más sostenible. Concretamente se establece la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015), el Acuerdo de París (2015), y el Plan de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea (2018). La Comisión Europea declaró su intención de aportar claridad sobre los deberes fiduciarios y mejorar la divulgación en el ámbito de los riesgos ASG y las oportunidades de inversión sostenible, con el objetivo de reorientar los flujos de capital hacia la ISR para un crecimiento sostenible e inclusivo.

En este contexto se desarrollan un conjunto de iniciativas legislativas, entre las que cabe destacar las siguientes:

• El Reglamento (UE) 2020/852, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, conocido como Reglamento de la Taxonomía.
• El Reglamento (UE) 2019/2088, de 27 de noviembre de 2019, sobre divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Conocido por sus siglas en inglés SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).
• La propuesta de Directiva de Informes Corporativos de Sostenibilidad (CSRD), de 21 de abril de 2021, que regulará el contenido del “informe sobre sostenibilidad” de las empresas.
• La modificación de la normativa MIFID II (Official Journal of the European Union, 2 de agosto, 2021) para incorporar los factores ASG en el proceso de asesoramiento sobre instrumentos financieros. Las entidades tendrán que preguntar expresamente por las preferencias ASG al evaluar la idoneidad de los clientes.
• La propuesta de Reglamento, de 6 de julio de 2021, sobre un estándar de bonos verdes en la UE.

Este conjunto de normativas pretende, en líneas generales, aumentar la transparencia sobre la integración de los aspectos vinculados con la sostenibilidad, exigiendo que los participantes en el mercado revelen tanto los efectos positivos esperados de la sostenibilidad como las posibles externalidades negativas. Con el aumento de la exposición y la visibilidad de las prácticas ASG de los participantes en el mercado financiero, se espera que los flujos de capital se dirijan hacia inversiones sostenibles. De ser así, los nuevos reglamentos lograrían el objetivo de avanzar hacia una economía más sostenible. Es en este punto donde se plantean algunas cuestiones: ¿Lograrán este paquete de normativas que los mercados sean más sostenibles? ¿Atienden estas regulaciones a aspectos medioambientales y sociales por igual? ¿Están los participantes en los mercados preparados para una transición tan acelerada?

El tiempo nos lo dirá.